Control de Mercado

¿Por qué es necesario el control de mercado?

PARA PROTEGER LOS DERECHOS Y LOS INTERESES ECONÓMICOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS

Los comerciantes y las empresas que comercializan productos y servicios deben cumplir unas normas para asegurar un funcionamiento correcto del mercado.

 
La Agència Catalana del Consum controla el mercado con el objetivo de evitar las prácticas fraudulentas que distorsionan el mercado y para proteger los derechos y los legítimos intereses económicos de las personas consumidoras y usuarias.

PARA VIGILAR QUE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SEAN SEGUROS Y OFREZCAN UNA INFORMACIÓN CORRECTA

La Agència Catalana del Consum controla la seguridad de los productos que se ponen en circulación en el mercado y que los productos y servicios proporcionen la información, el etiquetado y las instrucciones de uso o de precaución pertinentes para hacer una utilización adecuada y segura.

INSTRUMENTOS PARA LLEVAR A CABO ESTAS ACTUACIONES:

1. Inspección de consumo: investiga, comprueba y controla el cumplimiento de la normativa aplicable en los diferentes sectores. Recibe las denuncias de las personas consumidoras por incumplimientos de la normativa de defensa de las personas consumidoras y usuarias. Inspecciona comercios y empresas que intervienen en la comercialización de productos o en la prestación de servicios. También lleva a cabo campañas de inspección y control de mercado a fin de supervisar la adecuación normativa de aquellos sectores que se consideran prioritarios. Igualmente, informa y asesora a los agentes económicos en relación con la normativa que les resulta aplicable. Mediante la  red de alertas detecta la presencia en el mercado de productos que pueden conllevar un riesgo para la salud y seguridad de las personas, se impide su comercialización o bien se ordena su retirada y destrucción con objeto de evitar que lleguen a manos de los ciudadanos.
2. Normativa y procedimiento: en el caso de incumplimientos de la normativa en materia de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, mediante un procedimiento específico se imponen sanciones económicas o de destrucción de mercancías peligrosas o fraudulentas, con el fin de proteger los intereses generales de la ciudadanía y evitar la reiteración de las malas prácticas en el futuro.